20N. REFORMA DE LAS INSTITUCIONES

Dentro de la vida democrática, es fundamental el correcto funcionamiento de las instituciones básicas del Estado. La división y autonomía de los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial debe ser salvaguardada a toda costa. La falta de equilibrio en estos poderes puede producir un grave daño en los derechos y libertades de los ciudadanos. La independencia de los jueces y magistrados al impartir Justicia  no puede ser menoscabada por criterios de oportunidad política. El Fiscal General del Estado debe ser independiente en sus decisiones frente al Gobierno.

La composición del Tribunal Constiucional y el Consejo General  del Poder Judicial no puede ser una réplica de la composición de las Cortes y tendrá que tener una parte significativa de sus miembros elegidos por los jueces.

Todos los sistemas electorales, mayoritario o proporcional con sus diferentes variantes, tienen sus ventajas e inconvenientes. No es una decisión fácil, pero el debate está abierto. Las listas cerradas han producido el efecto indeseado del desconocimento, en muchos casos, de los nombres y actividades de los elegidos. Tantos años después de la aprobación de la Constitución, el Senado todavía no sabemos para qué puede servir. Como cámara de representación territorial, lo único que podemos recordar es la extravagancia de utilizar traductores para unos senadores que tienen la obligación de conocer y conocen perfectamente el castellano, que es el idioma oficial del Estado. El Senado puede ser el cauce adecuado para recoger las propuestas de las comunidades autónomas y los ciudadanos para una mejor coordinación y las reclamaciones sobre las disfunciones que se puedan producir. Estas serán clasificadas y estudiadas sin que puedan quedar sin respuesta. La tarea más habitual del Senado es realizar una segunda lectura o reconsideración de los proyectos de ley tras su paso por el Congreso. Estos últimos años, de forma sistemática, el Congreso ha rechazado todas las enmiendas del Congreso haciendo inútil e inservible el trabajo de los senadores. Propongo una reforma del siguiente tenor. Cuando se produzcan enmiendas en un proyecto de ley o cualquier otra discrepancia, pasarán a una comisión mixta Congreso-Senado que tratará de unificar criterios y lograr un texto común. Si no es posible el acuerdo en un  tiempo razonable, decaerá el proyecto y se considerará rechazado. Es inaceptable que el Congreso pueda rechazar todos los acuerdos del Senado, bloqueando su funcionamiento y sin dar una explicación motivada.